El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), Aldo Valle, reiteró este martes ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la inconveniencia e inviabilidad financiera que generaría el proyecto de ley que suspende el cobro de aranceles y otras obligaciones pecuniarias en instituciones de educación superior en el contexto de la pandemia producida por el COVID-19.

Cabe recordar que el proyecto de Ley fue presentado el 27 de marzo pasado por los diputados del Partido Socialista (PS), Juan Santana y Maya Fernández.

“La coyuntura de déficit que afecta a las universidades no se produjo con ocasión de la emergencia sanitaria. Ya a contar de las movilizaciones de octubre pasado hubo un impacto por morosidad, que se sumó luego a que en el proceso de admisión del 2020 las universidades, especialmente las de menor concentración urbana en regiones, tuvieron una matrícula menor, que en algunos casos representó hasta el 50%”, explicó el rector Valle, quien concurrió por videoconferencia a la citación de la comisión.

El vicepresidente del CRUCh solicitó que “antes que dar una opinión concluyente”, la comisión considere el informe que el Consejo de Rectores encargó a una comisión de vicerrectores económicos y de rectores, y que reunirá antecedentes específicos que permitirán evaluar el impacto que este proyecto de ley tiene para las universidades.

Consultado por los diputados de la comisión, Valle explicó que no es conveniente establecer una regla general, “porque las universidades tienen estructuras de ingreso distintas; asimismo, también la gestión de esos recursos no es la misma”. Como ejemplo, se refirió a que la docencia de pregrado en algunos planteles representa solo un 30 o 35% de sus presupuestos, pero que en la mayoría de los casos alcanza a más del 70%.

Valle añadió que “es de público conocimiento las dificultades que hubo con la rendición de la PSU, que significó que hubiese una disminución muy relevante de postulantes y que las universidades no pudieran llenar sus vacantes, lo que impacta en los recursos que perciben los planteles por gratuidad y becas”.

Por otro lado, el rector Valle afirmó que “es muy importante considerar que los ingresos que las universidades perciben por proyectos no pueden ser destinados a complementar los déficits de caja”. También sostuvo que “respecto de la elasticidad para ajustar sus gastos, las universidades no pueden ajustar sus dotaciones académicas en función de una coyuntura, y hacer uso de la suspensión del vínculo para que se vuelva a reconstruir en el futuro, incluso como lo permite la legislación que se ha dictado. Las universidades están hoy cumpliendo sus funciones, y no pueden modificar sus dotaciones administrativas ni académicas”.

Por estas razones, reiteró el aporte que significará contar con el informe que se está elaborando, pues permitirá “dar cuenta de los impactos que un proyecto como este puede tener en las universidades, atendiendo a la diversidad de sus capacidades económicas”.

Los parlamentarios acordaron que el rector Valle presente este documento en la próxima sesión de esta comisión.