Formalizan a alcalde de Quirihue por impedir ingreso de pacientes a hospital

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El Juzgado de Garantía de Quirihue dejó sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual al alcalde de la comuna, Richard Patricio Irribarra Ramírez, y al concejal Iter Alejndro Stuardo Malverde, imputados como autores de los delitos de interrumpir la libre circulación vial y poner en peligro la salud pública (artículo 318 del Código Penal).

Lo anterior por bloquear el paso de vehículos de emergencia proveniente de Chillán, que trasladaban hacia el hospital de Quirihue a seis pacientes eventualmente contagiados con covid-19, los días 31 de marzo y 1 de abril pasados, en el sector de Vegas Verdes.

En la audiencia de formalización, el magistrado Adolfo Montenegro decretó el arraigo nacional de los coimputados: el concejal Luis Pedro Fuentes Alarcón y de los funcionarios municipales Abel David Pérez Huichalaf, Juan Patricio Sepúlveda Espinoza y Silvio Rodrigo Palma Torres, sindicados como autores del delito de poner en peligro la salud pública. Además, el tribunal fijó en nueve meses el plazo de investigación.

Según el Ministerio Público, aproximadamente a las 23.45 horas del martes 31 de marzo de 2020, Irribarra ordenó bloquear completamente la ruta de acceso a la comuna –en el sector del cruce Vegas Verdes– con vehículos y maquinarias fiscales y particulares, con la intención de impedir la libre circulación.

En dicho contexto, el concejal Stuardo utilizó su vehículo particular para bloquear la carretera.

A primera hora del 1 de abril de 2020, los imputados impidieron el paso de una ambulancia y otro vehículo que trasladaban desde Chillán hacia el hospital de Quirihue a seis pacientes sospechosos de estar contagiados con Covid-19.

El traslado había sido ordenado por la Seremi de Salud Ñuble con el objetivo de queestas personas cumplieran una cuarentena preventiva y recibieran atención médica en el hospital comunal.

“Debido al bloqueo, los pacientes debieron regresar de madrugada a Chillán, sin recibir la atención médica requerida, sufriendo con ello un trato degradante, discriminatorio y atentatorio a su dignidad”, aseguró el ente persecutor.

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