La bancada de diputados y diputadas del PPD oficiará al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) con el objeto de solicitar información y pedir que se fiscalice la implementación del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape).

El Fogape busca respaldar las operaciones crediticias de las Pymes, garantizando en parte los créditos, leasings u otros mecanismos de financiamiento obtenidos frente a las entidades financieras, sin necesidad de cumplir las altas exigencias de la banca.

El beneficio para las Pymes es que paguen una tasa no superior a 3,5% que, considerando las proyecciones de la inflación anual, determine un costo 0% para los pequeños empresarios.

El jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, aseguró que “lo que debiera ser una ayuda a las empresas que se verán más afectadas por la emergencia sanitaria del coronavirus, finalmente se convierte en un cúmulo de dudas respecto a los montos finales que las pymes deben pagar. Lo que queremos saber es si los bancos están cumpliendo con lo estipulado en la ley, y no se están cobrando intereses o se están pidiendo requisitos adicionales, ya que esta es una importante medida que puede evitar la quiebra de pymes”.

El parlamentario indicó que “también nos preocupa que hay muchos bancos que están ofreciendo a las personas una renegociación de sus créditos de consumo e hipotecarios, generalmente por la vía de postergar las cuotas a través de un nuevo crédito. Sin embargo, éstas se gestionan ‘caso a caso’ o entregando ‘una tasa preferencial’, en lugar de que se establezcan estas reprogramaciones de manera pública y con reglas claras para todos. Llamamos a los bancos a estar a la altura de la crisis que estamos viviendo como país, y que tanto el Ministerio de Hacienda como la Superintendencia sean garantes de aquello”.

Por su parte, la diputada Andrea Parra, sostuvo que “hay dudas respecto a la aplicación del FOGAPE. No queda claro si los bancos están cobrando gastos o intereses adicionales, o requisitos no contemplados en la Ley. Algunas entidades financieras, además, han declarado que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dependiente del Ministerio de Hacienda, aún no dicta una normativa relacionada al tratamiento de provisiones, que retrasa la asignación del FOGAPE. Hago un llamado al Gobierno para que agilice sus gestiones y garantice que estos fondos que van directamente al sector más dañado social y económicamente en nuestro país”.

Asimismo, la diputada Carolina Marzán señaló que también es necesario que Dicom no sea considerado cuando las Mipymes postulen a créditos o ayudas del Gobierno. “Presenté un proyecto de ley en ese sentido, ya que es necesario evitar todo obstáculo que deje fuera a este tipo de empresas de las ayudas que está disponiendo el Gobierno a través de los bancos con garantías del Estado”, expresó.

Finalmente, el vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, pidió al Ejecutivo patrocinar proyecto de ley que presentó junto a la Bancada del PPD que beneficia a personas naturales y PYMES, mediante la suspensión del pago de dividendos de créditos hipotecarios, de cuotas de créditos de consumo y de cuotas de leasing inmobiliario y mobiliario, además de la renegociación de deudas por tarjetas de crédito en cuotas fijas y sin interés.

“Los bancos que han ofrecido estos beneficios otorgan entre 3 y 6 meses de gracia, pero exigen estar al día en los pagos, o cobran intereses excesivos, lo que implica que muy pocas personas y PYMES puedan tener una real solución”, concluyó el legislador.