La Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad (ASODEPLU), junto a organizaciones indígenas de Arica a Punta Arenas, enviaron una carta abierta al Presidente de la República, a la presidencia del Senado y Cámara de Diputados, al Contralor General, al Fiscal Nacional, al presidente de la Corte Suprema y a diversos ministerios, demandando la aplicación de una “política especial indígena para enfrentar el COVID-19”.

Para los dirigentes indígenas, el Estado “ni siquiera tiene estadísticas desagregadas de cuantos indígenas están contagiados o no. Tampoco existen protocolos de salud que se ajusten a la realidad cultural de los pueblos. Nos tratan como a cualquier chileno, cuando los tratados internacionales y la misma legislación nacional imponen un trato especial, dada la vulnerabilidad y pobreza que nos aqueja luego del robo de nuestras tierras y aguas”.

Señalan que “en las residencias sanitarias se han reportado abuelitos que no saben hablar español, y nadie habla idiomas originarios en los equipos de salud, no hay pertinencia”.

Asimismo, acusan que “las grandes empresas extractivas no han paralizado sus actividades, provocando contagios masivos (como la minería en Calama y Tarapacá, hidroeléctricas y forestal en territorio mapuche, y la salmonicultura en Puerto Natales, entre otras actividades y territorios), pese a que no son actividades esenciales. Y cuando las comunidades cierran los territorios para protegerse, se les reprime hasta con militares, en favor de tales empresas”

Afirman que “la presentación de proyectos para evaluación ambiental ha aumentado entre marzo y mayo de 2020, al doble, comparado con el mismo periodo el año pasado, y los recursos invertidos en ello han aumentado un 500%, lo que nos obliga a la defensa de nuestros territorios y nos distrae de los esfuerzos por sobrevivir a la pandemia. Incluso se ha ofrecido hacer las consultas ambientales vía web, ignorando la brecha digital, lejanía y factores culturales. Se ha presionado VÍA TELEFÓNICA a las comunidades para aprobar cambios reglamentarios y legales (Alto Bio Bio y Magallanes), todo en tiempos de pandemia, y contra las recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos”.

Agregan que “tampoco existe política económica alguna para compensar el deterioro económico sufrido por lo indígenas producto de esta pandemia en zonas rurales. Los indígenas no tienen acceso a las entidades financieras del Estado. Se habla de salvar sólo a grandes empresas y pymes, pero no a la economía local y tradicional indígena sea rural o urbana. Los planes de salvataje o de desarrollo deben ser consultados y contar con los recursos económicos necesarios. No se consideran las particularidades de las zonas extremas o fronterizas”.

Critican finalmente que “la militarización de los territorios ha sido aprovechada para desalojos ilegales y represión de las comunidades (territorio mapuche), así como el desabastecimiento de productos básicos mediante cierre de frontera (Colchane)” y que “las medidas de prevención han servido para desincentivar las actividades tradicionales de los pueblos originarios, como la caza, la pesca, el pastoreo de animales, la agricultura y la venta de productos tradicionales (territorio Kawesqar y Alto Bio Bio, entre otros)”.

Los firmantes señalan que “para diseñar y aplicar estas medidas, pedimos que se establezca un diálogo con los representantes indígenas que determinen los territorios y cada organización, con el gobierno nacional, para analizar, transparentar y tomar las medidas necesarias para enfrentar el CODIV 19 en comunidades rurales y urbanas de los pueblos indígenas”.