Cuenta pública: Fiscalía formalizó a 3.286 imputados en 2021 en Los Ríos

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Cuenta pública: Fiscalía formalizó a 3.286 imputados en 2021 en Los Ríos

El Fiscal Regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez Duplaquet, rindió la cuenta pública de la gestión realizada por el Ministerio Público en Los Ríos durante el año 2021, actividad efectuada al aire libre en el jardín de la Fiscalía Regional.

Durante la ceremonia, el Fiscal Regional informó los principales resultados obtenidos por los fiscales y funcionarios que trabajan en el organismo persecutor en materia de investigación de delitos, persecución penal y protección a víctimas y testigos, así como los desafíos para el presente año.

En su discurso, destacó que el año pasado ingresaron a las 7 Fiscalías Locales de la región un total de 26.627 denuncias, el tercer mayor número en los 14 años de existencia de la Región de Los Ríos.

Durante 2020, el 49,7 por ciento de las causas tramitadas terminaron a través de una salida judicial, por sobre el promedio nacional del 47,6 por ciento. También se mantuvieron bajo el promedio nacional los archivos provisionales, forma de término que aplican los fiscales cuando en una causa no existen antecedentes que permitan seguir adelante con la investigación, con un 32 por ciento en la región, 10 puntos por debajo del promedio, que corresponde a la cifra histórica más baja de la región. Y por último, la vigencia fue de un 36,7 por ciento, frente al 42,7 por ciento nacional.

INVESTIGACIONES RELEVANTES

Durante el año 2021, los fiscales adjuntos de la región presentaron a audiencias de control de la detención y formalizaron investigación ante los tribunales a un total de 3.286 imputados.

Entre las investigaciones relevantes que le correspondió dirigir a la Fiscalía, destacó dos causas contra funcionarios del Estado que malversaron caudales públicos en los hospitales de La Unión y Los Lagos y la causa contra 4 personas acusadas por el homicidio de Helena Bustos, que actualmente se encuentra en juicio oral.

Mencionó también algunas sentencias relevantes dictadas en 2021, como el presidio perpetuo calificado dictado contra un hombre que dio muerte a su hijo de un año en Lanco y la condena por penas que suman 63 años de presidio dictada contra un hombre que causó la muerte de la hermana y la madre de su expareja y que la dejó a ella y a su padre con riesgo vital en Mariquina.

FOCOS INVESTIGATIVOS

El año pasado se declararon 13 focos investigativos en la región y se continuó con la investigación de otros 5 que habían sido declarados con anterioridad.

El Fiscal Regional informó que durante 2021 la Unidad del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) s continuó trabajando en la investigación de los delitos de abigeato en la región, a través de un proyecto implementado en las cinco comunas más afectadas por este delito, el que contribuyó a disminuir en un 54 por ciento el número de casos respecto del año anterior.

También tuvo buenos resultados un foco declarado en la comuna de La Unión para investigar tráfico de drogas, a cargo del fiscal Carlos Bahamondes. Como resultado de esta investigación, el pasado 1 de diciembre se efectuó en las comunas de La Unión y Lago Ranco la denominada “Opeación Retorno”, que permitió desbaratar a una banda que se dedicaba a comercializar droga en distintos barrios de la capital de la provincia del Ranco. En ese operativo participaron más de 100 detectives, quienes con órdenes judiciales de entrada y registro tramitadas por la Fiscalía ingresaron en forma simultánea a 14 domicilios, deteniendo a 14 personas e incautando droga, armas y municiones.

VIOLENCIA RURAL

El año pasado aumentaron de 14 a 33 los delitos cometidos en un contexto de Violencia Rural, principalmente amenazas e incendios de inmuebles y maquinaria agrícola y forestal, la mayor parte en la comuna de Máfil.

Al respecto, el Fiscal Juan Agustín Meléndez señaló que la Fiscalía ha mantenido permanente contacto con las víctimas para entregarles protección y apoyo, además de coordinaciones con las policías para avanzar en las investigaciones y participación en la mesa de Macrozona Sur de la Fiscalía sobre Violencia Rural.

“En este contexto, la Fiscalía y las policías tenemos pendiente el gran desafío de alcanzar resultados exitosos en la persecución penal, y para ello es necesario el compromiso de diversas autoridades que contribuyan al fortalecimiento de la Región de Los Rios con medios y herramientas tecnológicas idóneas para abordar la investigación de estos ilícitos y que aseguren la efectividad de las medidas de protección, sin que ello merme la capacidad de ambas policías, como en el hecho ocurre, para hacer frente a otro tipo de investigaciones y demás funciones que les encomienda la ley”, señaló.

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

En la parte final de su discurso, el Fiscal Juan Agustín Meléndez señaló que el Ministerio Público ha querido sumarse al histórico proceso constituyente que vive Chile a través del levantamiento de un conjunto de propuestas para perfeccionar el sistema de persecución penal, las que fueron identificadas por fiscales, funcionarias, funcionarios y académicos de todo el país, mediante un trabajo profundamente participativo, con el fin de ponerlas a disposición de la Convención.

Entre otras propuestas, expuso que es preciso que los fiscales “cuenten con la facultad para investigar todo y a todos, sin impedimentos administrativos ni menos políticos que limiten la acción de la justicia. Hoy, eso no se cumple en todos los campos. Frente a delitos tributarios, electorales, aduaneros o económicos, el Ministerio Público depende de organismos políticos o administrativos, como el SII, la FNE o el Servel, para iniciar una investigación penal. En el mismo sentido, ante delitos graves que atentan contra le fe pública o que afectan la recaudación fiscal”.

Agregó que “la sujeción funcional de las policías a la actuación de los fiscales es un aspecto que consideramos beneficioso y necesario fortalecer, pues es fundamental en el diseño que la legislación le ha dado al proceso penal. El control efectivo del trabajo policial está en sintonía con los fundamentos de un Estado democrático de derecho, ya que asegura la eficiencia del trabajo investigativo policial y resguarda el íntegro respeto de las garantías y derechos de todos quienes participan en el proceso investigativo”.

También indicó que “consideramos que no sólo es conveniente, sino necesario perfeccionar los sistemas de designación, los mecanismos de control y cualquier otro aspecto que contribuya a mejorar y fortalecer el acceso a la justicia, en forma inclusiva y transparente”.

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