La bancada de diputados DC, junto con calificar los hechos ocurridos que han impedido sesionar los constituyentes como “gravísimos e inaceptables”, ingresó a la Contraloría General de la República una presentación fiscalizadora solicitando una auditoría por eventuales irregularidades en el contrato para la producción de la primera sesión de la Convención Constitucional.

Contrato entre la Segpres y la empresa Street Machine Corp., por $ 450 millones para la producción de la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional.

Al respecto, el subjefe de la bancada DC, Gabriel Silber, señaló que “el Congreso Nacional aprobó en octubre del año pasado un presupuesto hasta el 31 de diciembre, vale decir, por siete meses, de 6.500 millones de pesos, respecto de su funcionamiento, y a mayor abundamiento, en el mes de enero de este año vía decreto se crea la secretaría técnica para implementar, desde el punto de vista administrativo, por parte del ministerio respectivo un proceso que debió ser impecable; lo que no ocurrió, generando una situación inaceptable, que ha impedido a los constituyentes poder cumplir con su mandato”.

En la presentación, los parlamentarios denuncian un trato directo, entre Segpres y la empresa Street Machine Corp., por $ 450 millones para la producción de la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional.

“Salta a la vista, más allá del hecho de falta de micrófono o amplificación, que gran parte de la gestión administrativa, de un proceso que involucra cifras relevantes para su implementación, se haga con la modalidad de trato directo”, señalaron.

Asimismo, indicaron que “esta modalidad se usa en imprevistos, situaciones que era imposible someter a una planificación de mejores precios o mejores oferentes y nos extraña profundamente que sea esta la modalidad con la que se ha adoptado administrativamente la instalación de esta convención”.

“Aquí, además de esta acción fiscalizadora, estamos pidiendo que el Gobierno responda públicamente, porque se ha puesto en riesgo una labor esencial como es la que debe llevar a cabo la Convención Constitucional; y, la ley es clara, la responsabilidad es del Gobierno”, sentenciaron.