El presidente de la Comisión Investigadora de Casinos, Rodrigo González, emplazó a la Superintendencia de Casinos de Juego a tener un rol activo y fiscalizador ante el eventual negocio que podría monopolizar el 80% de la industria, ad portas de que en la sesión de este jueves se rinda el informe de la Comisión donde queda en evidencia diversas irregularidades de gestión y fiscalización.

“La crisis de Enjoy no se debe a la pandemia ni al estallido social sino a problemas de gestión, financieros, que dejaron a la empresa desfondada por malas inversiones y el proceso de reorganización que vive es de su propia responsabilidad, dejando en evidencia una conducta permisiva, negligente, de desidia de la Superintendencia de Casinos por el resguardo del interés público, de los municipios y de los Gobiernos Regionales”.

Según González, la eventual fusión entre Enjoy y Sun Dreams debe ser revisada a cabalidad y para ello se ofició a cinco entidades fiscalizadoras para que se manifiesten por la legalidad de la negociación.

“Esta situación amerita una intensa fiscalización de la Cámara de Diputados porque hay intereses cruzados, hay situaciones de tráfico de influencias, triangulaciones que se han observado, y la Superintendencia debiera actuar en este caso con mayor diligencia y responder a la fiscalización que hemos solicitado al Ministerio Público, Contraloría, Comisión del Mercado Financiero, Fiscalía Nacional Económica y Superintendencia de Casinos de Juego”.

Para el parlamentario, lo que revierte mayor gravedad han sido las declaraciones del gerente de Enjoy, quien aseguró “que se cumplió el contrato de concesión”.

“Enjoy no ha cumplido sus compromisos con la municipalidad de Viña, Pucón, Puerto Varas y Coquimbo, no ha realizado las obras que debió haber hecho ni cumplió los plazos. Si es efectivo lo que dice el gerente de Enjoy la Superintendencia debiera exigir inmediatamente el pago de una deuda de 25 millones de dólares que el casino tiene con la municipalidad de Viña del Mar o revocar el contrato y solicitar las garantías, y si la Superintendencia no actúa cometería el delito de prevaricación perjudicando el interés fiscal”.

González aclaró que el “salvavidas financiero” a Enjoy, la prórroga del decreto 77, no está contemplado en la Ley y pidió transparentar si el actual negocio es una fusión o una compra de la deuda que tienen los acreedores del casino “si se trata de una compra de la acreencias hay información engañosa, información fraudulenta al mercado que no corresponde a la realidad y que debe ser sancionada, y los responsables responder ante la justicia”.

Finalmente, dentro de los oficios solicitados, González pidió investigar las garantías de Enjoy y las empresas involucradas vinculadas al Presidente Sebastián Piñera.

“En esas compañías está el fideicomiso ciego del Presidente de la República, las empresas BTG PActual y Moneda Asset son parte de la Sociedad Enjoy y tienen créditos y garantías en la deuda, hay ahí una triangulación que debe ser aclarada por parte de los organismos de fiscalización para que la fe pública esté resguardada”, concluyó el diputado.