Los senadores Guido Girardi, Yasna Provoste, Alejandro García Huidobro y Rafael Prohens -integrantes y presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado- resolvieron oficiar a la Corporación de Fomento y Producción (Corfo) solicitando “los antecedentes académico y profesionales” de los integrantes de las instancias evaluadoras nacionales que asignaron a una corporación de universidades norteamericana US$ 193 millones para crear el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) en Antofagasta.

La decisión fue en desmedro de la Asociación para el Desarrollo del ITL (Asdit) en que participa la Corporación Alta Ley -que reúne a 11 universidades chilenas: de Chile, U. Católica, U de Santiago, de Concepción, U. Santa María, de Valparaíso, UC del Norte, Tarapacá, Atacama- empresas mineras y de energía del norte, industriales de la zona y 60 proyectos locales.

Asimismo se resolvió solicitar a la Contraloría General de la Republica que informe “que participación tuvo en la validación de alguna etapa del proceso”, pidió la senadora Provoste.

El senador Girardi explicó, “hubo una intención manifiesta de atentar contra la idoneidad del proceso. Hubo tres instancias evaluadoras, pero sólo la agencia internacional tenía las competencias, la experiencia y trayectoria para evaluar la asignación del mayor monto de recursos (US$ 193 millones) que se destinan a ciencia”.

Agregó que “la Corfo creó una segunda comisión evaluadora nacional con jefes de gabinetes y fiscalizadores de la propia entidad y luego hubo una tercera evaluación del Comité de Ministros, donde está el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terraza, y que tampoco son expertos en la temática”.

Para Girardi, “pese a que, desde nuestro punto de vista, ninguna de las dos instancias tiene la acreditación, la expertis y la experiencia para evaluar un proyecto como este, ambas le otorgaron un mayor puntaje al consorcio de universidades norteamericanas y tres universidades chilenas ideológicamente cercanas al Gobierno: UDD, USS y Autónoma que tienen muy poca experiencia en esta materia a diferencia de las tradicionales”.

El parlamentario PPD solicitó que “enviemos un oficio a Corfo pidiendo información sobre los currículums académicos y profesionales de quienes integraron estas comisiones; la experiencia que tienen en tecnologías limpias, energías renovables y como agentes evaluadores; además de preguntarle al vicepresidente ejecutivo de Corfo (Terrazas) porqué nos engañó y asignó los fondos minutos antes de acudir a la Comisión del Futuro a explicar las controversias”.

Por su parte, la senadora Provoste calificó de “extremadamente grave” la situación y explicó que “en nuestro país se conformó un importante grupo de científicos, expertos, autoridades y ex autoridades de todos los sectores y ámbitos de la sociedad que redactaron un informe que se tradujo en la política nacional del litio y la gobernanza de los salares”.

Añadió que “entre otras condiciones se estableció una extensión del contrato entre el Estado de Chile y SQM con el propósito de implementar este Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) para generar en nuestro país capacidades propias y no producir una fuga de información con recursos que nos pertenecen a todos”.

La senadora dijo que “se equivoca o miente el vicepresidente Terraza cuando señala que son recursos privados porque son recursos de todos los chilenos. En aras de la trasparencia es muy importante que se requiera toda esta información a los organismos pertinentes. Así cómo que se consulte a la Contraloría que participación tuvo en la validación de alguna etapa”.

Tanto el senador Rafael Prohens (RN) como Alejandro García Huidobro (UDI) estuvieron de acuerdo con enviar los oficios pertinentes.