Movilh anunció querella por joven gay atacado por neonazis en Estación Central

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El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó y repudió hoy que cuatro neonazis, uno de ellos menor de edad, secuestraran y torturaran a un joven de 29 años luego de enterarse de la orientación sexual de la víctima, al tiempo que solicitó la intervención del Ministerio de Imterior y anunció una querella.

“Este es un hecho deleznable, sobrecogedor, merecedor del repudio de toda la sociedad y de la máxima sanción establecida en la legislación, considerando por cierto la agravante de la Ley Zamudio. Nadie puede ser atacado por su orientación sexual o identidad de género. Ello es inhumano.  Estamos muy impactados por lo ocurrido”, señaló el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

El dirigente añadió que “hoy hemos puesto a disposición del Ministerio del Interior todos los antecedentes del caso, de manera que el Gobierno se haga parte presentando una querella, así como brindando a la víctima toda la asesoría legal y psicológica que necesite. Junto con solicitar intervención del Gobierno, presentaremos una querella”.

El joven fue golpeado y secuestrado el pasado 5 de junio durante cinco horas por cuatro sujetos, con quienes compartía una casa okupa de Estación Central. Los agresores fueron detenidos y formalizados ayer.

El Movilh precisó que “la agresión se habría provocado luego de que los victimarios se enteraran de la orientación homosexual de la víctima, tras lo cual la desnudaron, golpearon y amararon en un palo ubicado en la casa okupa, todo en medio de  golpes de corriente y de amenazas de que sería violado ”.

La víctima resultó con fractura de mandíbula, donde recibió un puntapié con un bototo de seguridad, y con hematomas en distintas partes del cuerpo.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI detuvo ayer a los responsables. Se trata de Ángelo Sánchez, Betzabet Soto, Rodrigo González y del menor de edad, A.I.G.S. Para los primeros el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva y para el adolescente arresto domiciliario, fijando un plazo de 120 días para la investigación.

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