Tribunal declaró ilegal la compra de tierras indígenas de Rodrigo Ubilla

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El Primer Juzgado de Letras de Pucón declaró como ilegal la compra de tierras indígenas que el ex-subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, realizó el año 2009 en el sector de Quetroleufu.

Ubilla compró una hectárea en dicha zona, pese a que la Ley Indígena de 1993 impide que este tipo de terrenos sean vendidos a personas que no pertenezcan a pueblos originarios.

La querella presentada por la familia de Jorge Painequir busca anular el contrato de compraventa fue firmado por el ex-subsecretario del Interior y la ex esposa de Painequir, Guadalupe Moris, por un total de cuatro predios.

El abogado querellante, Gabriel Osorio, publicó en su cuenta de Twitter el fallo del tribunal, en el que se estableció que “las tierras objeto de las compraventas SON INDÍGENAS, y que la liquidación de sociedad conyugal y adjudicación a no indígena no desafecta el carácter de indígena de la propiedad”.

En la resolución publicada por Osorio, se sostiene que “no hay duda que, el título originario, del que emanan los lotes objeto de los actos jurídicos impugnados, es indígena, y que tampoco se controvierte incluso tal condición hasta el acto particional”.

Además, se agrega que “así las cosas, siempre considerando el fin protector de la Ley indígena, de ningún modo se puede entender conforme a la historia de la propiedad raíz que en definitiva el ya mencionado Lote 127 B-1 pierda tal condición por su adjudicación en dominio a la conyugue sobreviviente y demandada de marras antes indicada, el año 2008”.

El abogado señaló a Radio Cooperativa que es un “muy buen antecedente que el Juzgado de Garantía de Pucón haya reconocido que las compraventas celebradas por el ex subsecretario Ubilla adolecen de un vicio de nulidad absoluta, porque están celebradas sobre un objeto ilícito, dado que las tierras indígenas solamente pueden ser compradas y vendidas entre personas de una misma etnia”.

Debido a que se trata de un fallo de primera instancia, tanto la ex autoridad de Gobierno como la familia querellante pueden apelar al mismo.

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