Abogados piden el fin de la represión en contra de la población civil

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170 abogadas y abogados de Chile hicieron un llamado al Gobierno para terminar con los actos de represión en contra de las personas que se han manifestado públicamente durante las últimas semanas.

Los juristas señalaron en una declaración pública que “vemos con profunda preocupación los acontecimientos represivos ejecutados por agentes del Estado, particularmente por Carabineros de Chile, con el total respaldo de su Jefatura institucional y de la autoridad política representada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, lo que le confiere, a la situación, una mayor gravedad”.

Además, recalcaron que “los hechos a los que nos referimos, dicen relación con actos constitutivos de violaciones masivas y sistemáticas de los DD.HH, ocurridos en los últimos días, y que siguen aconteciendo hasta el día de hoy”.

“No se trata de hechos aislados ni de excesos, sino que estamos en presencia de una política del Estado y sus agentes dirigida en contra de la población civil, y que ha tenido como resultado detenciones masivas, muerte, personas lesionadas y mutiladas que configuran un escenario de afectación de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad física y psíquica”, sostuvieron los abogados.

Además, aseguraron que “a los abogados se nos entorpece el derecho a visitar a los detenidos, cuando no, simplemente se nos niega ese derecho fundamental de todo detenido y tan esencial para el ejercicio de la profesión”.

Por lo mismo, expresaron que “la situación está adquiriendo características que nos hace recordar lo ocurrido durante la dictadura cívico militar de Pinochet, frente a lo cual no podemos permanecer en silencio y vemos con asombro y preocupación que, los recursos de amparo y protección, que tienen por finalidad cautelar derechos fundamentales, del mismo modo que en el pasado, han sido rechazados mayoritariamente, por los tribunales superiores de justicia, todo lo cual debilita la democracia y el estado de derecho”.

Los defensores solicitaron “el cese inmediato de los actos represivos en contra de la población civil, constitutivos de violación sistemática, masiva y generalizada de los Derechos Humanos, cuya responsabilidad recae en el mando institucional y en último término en el Presidente de la República, Sebastián Piñera”.

Por último, demandaron “de los tribunales superiores de justicia que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, y ante la gravedad de los hechos, adopte las resoluciones cautelares de los derechos fundamentales, bajo el marco normativo de los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile”.

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