Acusan a Santiago de “política de criminalización” por expulsión de estudiante

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Esteban Spencer, Lorena Avalos del Centro de Padres del Internado Nacional Barros Arana (Cepa INBA), junto a la Concejala de Santiago Rosario Carvajal, acompañaron este martes al estudiante M. A. M. M (16 años, promovido a 4to Medio) del Internado Nacional Barros Arana, quien presentó sus descargos ante la Dirección de Educación Municipal de Santiago, por la aplicación de Aula Segura.

Al estudiante se le acusa de faltas graves, por haber asumido la vocería de la toma de su liceo. La autoridad ha resuelto en su sentencia, que el alumno merece la sanción de expulsión por “ingreso sin autorización al establecimiento”.

Para los miembros del Cepa INBA, “una vez más la criminalización y persecución de las dirigencias estudiantes, ponen en amenaza el derecho a la organización y asociación de los estudiantes”.

Además, consideran que la sanción en impuesta al joven “pone en riesgo las condiciones en las cuales el estudiantado ejerce sus derechos de asociación y expresión sin censura o autorización previa”.

“Son medidas absolutamente arbitrarias, es una política sistemática, que sin duda en marzo va a aumentar, y ello es muy peligroso para lo que se viene el próximo semestre. Hay que recordar que Alessandri y la DEM de Santiago diseñaron y redactaron la ley Aula Segura”, señaló la concejala Rosario Carvajal.

Por su parte, Esteban Spencer sostuvo que “la alcaldía está persiguiendo a estudiantes por organizarse, por participar en la protesta y eso significa un atentado bastante grave a las condiciones democráticas que se viven en los establecimientos educacionales”.

Asimismo, recordaron que el alumno fue parte de la Mesa Directiva del Centro de Estudiantes del liceo para el año 2019, ocupando el cargo de Secretario de Actas para ese período, por lo cual precisan que su cargo como representante estudiantil, las acciones y funciones que desempeñó en su ejercicio, hacen que las acusaciones sean completamente infundadas. “Esto, porque en su rol de vocero estudiantil ha sido un aporte a la unidad de la comunidad, favoreciendo el diálogo y la comunicación entre los distintos estamentos”, señalan desde la Corporación.

En relación con el cargo que se le está imputando, “ingreso sin autorización al establecimiento”, cabe precisar que, en su calidad de representante estudiantil, es titular de un conjunto de derechos que se encuentran reconocidos tanto para él, como para sus compañeros, tanto en la Constitución Política y en un conjunto de convenciones internacionales. Los actos desarrollados por los estudiantes del INBA, durante las movilizaciones de este 2019, están dentro del legítimo ejercicio de derechos individuales y colectivos.

“La sanción es un acto de discriminación arbitraria, y pone en riesgo a la comunidad Escolar. Consideramos que la expulsión del alumno debe ser reconsiderada, puesto que atenta contra su derecho de igualdad ante la ley y atenta con la obligación de garantizar la protección de los niños contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, de las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. Este tipo de políticas dañan profundamente las condiciones en que se ejerce el legítimo derecho a la protesta y criminaliza a los y las dirigencias estudiantiles”, concluyeron.

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