Rebaja de dieta parlamentaria: abren períodos de audiencias públicas en Senado

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Con la exposición del director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), Alejandro Weber, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, abrió la ronda de audiencias sobre el estudio del proyecto de reforma constitucional que busca determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria.

La iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional establece que son públicas las remuneraciones y dietas de las altas autoridades y jefaturas de la administración pública; y propone la creación de una comisión integrada por representantes del Consejo de Alta Dirección Pública, del Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República, para fijar cada cuatro años los montos de las remuneraciones para diputados, senadores y otros altos cargos públicos.

Además, priva al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para iniciar proyectos que fijen, modifiquen, concedan o aumenten las remuneraciones de las autoridades y jefaturas de la administración del Estado.

El proyecto señala que “ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que reciba el Presidente de la República” y que ningún funcionario de planta, a contrata, ni de dotación a honorarios, que ejerza sus funciones dentro de los órganos comprendidos en la fijación especial de remuneraciones y dieta, podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.

Asimismo, establece que mientras la comisión técnica no fije las remuneraciones, la dieta que perciban los senadores y diputados se rebajará en un 50%.

EFECTOS

En su exposición el presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Alejandro Weber, manifestó que el proyecto debe ser mejorado, pues tal como está tendría efectos que podrían derivar en la fuga de personal calificado desde el sector público al privado.

Explicó que son cerca de 370 mil las personas que trabajan en el Estado y que cerca de 500 corresponden a cargos de confianza como ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y seremis; 1.272 son cargos elegidos por Alta Dirección Pública (jefes de servicios públicos y jefaturas de II nivel) y 305 mil son jefaturas de III nivel, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, de los cuales el 40% está en la planta y el 60% a contrata. (Vea documento adjunto)

Weber explicó que en promedio, los directivos de primer nivel jerárquico perciben una remuneración promedio de 7,2 millones de pesos brutos y que hay 21 casos en que las remuneraciones fluctúan entre los 8,5 y 9 millones de pesos.

En cuanto al segundo nivel jerárquico (directores de hospitales y jefes regionales, por ejemplo) el promedio de remuneraciones es de 5,1 millones de pesos brutos.

En tal sentido, dijo que si se aprueba la norma que señala que nadie puede percibir más dinero que sus jefes directos, 10.529 personas verían afectada su remuneración de manera significativa, lo que permitiría anticipar “una fuga de personal calificado”.

Según Weber, la Alta Dirección Pública muestra una brecha remuneracional negativa con el sector privado en Chile. Explicó que si bien en las remuneraciones más bajas la brecha es favorable al sector público, en los ingresos superiores (cargos directivos) la brecha es de 18% a favor del sector privado.

Por otra parte, de acuerdo al estudio de las remuneraciones, hay 66 cargos que reciben una dieta superior a la del Presidente de la República, que también deberían reducirse si se aprueba el proyecto tal cual. En opinión de la ADP la restricción de que ninguna autoridad pública pueda recibir una remuneración superior a la de un Mandatario, cobra sentido para la línea directa de dependencia y/o para los cargos de elección popular.

Este lunes se continuará con el análisis del proyecto, para lo cual se invitó al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones; al presidente del Banco Central, Mario Marcel; al director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Alejandro Weber, y al presidente del Sistema de Empresas Públicas, Ricardo de Tezanos.

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