Ex-subdirector del hospital de La Unión quedó en prisión preventiva

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En prisión preventiva quedó el ex-subdirector administrativo del hospital “Juan Morey” de La Unión, José Rodrigo Martínez Escalona, quien fue formalizado por los delitos de malversación de caudales públicos, por una suma de $1.452 millones, y falsificación de instrumento público en concurso con uso malicioso de instrumento público, en carácter de reiterado.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal jefe de La Unión, Raúl Suárez, comunicó al imputado que se le investiga por cometer estos delitos entre los años 2012 y abril de 2019.

Estos hechos los habría cometido en conjunto con el ex-jefe de Contabilidad del hospital, Andrés Alejandro Carrasco Solís, quien se encuentra en prisión preventiva desde que fue formalizado por estos mismos ilícitos el pasado 23 de diciembre.

De acuerdo a la Fiscalía, “durante el referido periodo, aprovechando el ejercicio de su cargo, fue que el imputado José Rodrigo Martínez Escalona, con consentimiento y concierto previo del imputado Andrés Alejandro Carrasco Solís, mediante la obtención de documentos bancarios por parte de este último, consistentes en cheques firmados en blanco de la cuenta corriente del Hospital de La Unión, bajo la justificación de realizar ‘pagos centralizados’ de gastos de dicho hospital, procedió a girarlos a su nombre como beneficiario de dichos instrumentos mercantiles, logrando de esta forma ambos imputados el cobro de los referidos cheques, percibiendo o sustrayendo los fondos o caudales públicos asociados a ellos, por un monto total de $1.452.371.772”.

El fiscal Suárez agregó que “los imputados falsificaron instrumentos públicos e hicieron uso maliciosos de dichos documentos falsos, logrando por esa vía el giro de dinero por medio de instrumentos bancarios, que luego fueron cobrados y percibidos por éstos”.

A solicitud del Ministerio Público, Martínez Escalona quedó en prisión preventiva por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad.

Además, se estableció un plazo judicial de 180 días -vigente desde el 23 de diciembre del año pasado- para desarrollar la investigación de estos hechos.

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