Diputados evalúan citar al Fiscal Nacional por convenio con la Iglesia

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La Comisión de Constitución de la Cámara Baja, evalurá la posibilidad de citar al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para que aclare todas las dudas sobre el acuerdo firmado entre el Ministerio Público y la Conferencia Espiscopal.

“Vamos a evaluar con posibilidad de invitar al fiscal nacional para que pueda aclarar todas las dudas y, por supuesto, recibir los cuestionamientos de parte de los diputados. La verdad es que fue una muy mala decisión del Ministerio Público, yo creo que el fiscal nacional estuvo mal asesorado en esta cuestión”, señaló el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC).

El parlamentario precisó que esto “puede ser una traba en la administración de Justicia en materia de abuso sexual, más que una ayuda a ese propósito, por lo tanto, nos sumamos al clamor de las víctimas para que este acuerdo se deje sin efecto”, el acuerdo tiene como objetivo el intercambio de información respecto de delitos sexuales de miembros de la iglesia.

El diputado y miembro de la Comisión de Constitución Jorge Alessandri (UDI) coincidió con esta solicitud y también cuestionó el acuerdo.

“Lo que me extrañó a mí es que también la Fiscalía entrega información a una institución como la iglesia, que es un potencial investigado, entonces me parece que se sale un poco del objetivo que le manda la Constitución y las leyes en nuestro país”, apuntó.

Alessandri añadió que “si el diputado Matías Walker propone que invitemos al fiscal nacional a la comisión, yo creo que es una buena idea para que nos explique si este tipo de convenios va en la línea de lo que la ley autoriza a la fiscalía nacional, o el hecho de estar compartiendo información con un potencial y futuro investigado”, agregó el diputado oficialista.

Por su parte, el senador Alejandro Navarro afirmó que, “el Ministerio Público tiene el deber constitucional de amparar a las víctimas y perseguir delitos y sus autores. Ello requiere de una investigación reservada, así lo declara la ley, que se hace pública sólo si hay aspectos de ella que lesionan derechos del imputado”.

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