Gobierno inicia nuevo plan de fiscalización a migrantes

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Este sábado, el Gobierno inició la nueva fase de fiscalización migrante para identificar a los extranjeros que no tengan sus documentos regularizados.

La medida se enmarca en la Reforma Migratoria del Gobierno, la que comenzó el abril de 2018 con el Proceso de Regularización Extraordinaria, procedimiento que concluye el próximo 22 de julio.

El operativo se realizará principalmente en trece ciudades entre las cuales se encuentran Rancagua, Coyhaique, Punta Arenas y Santiago. El proceso busca realizar un control al azar, con el fin de identificar a los casos irregulares.

Según el Ministerio del Interior y Seguridad Nacional, el objetivo de la medida es “la detección de irregularidades migratorias y la detección de infracciones en el área laboral, ya sea por la contratación de migrantes irregulares, sin permisos de trabajo o por la vulneración de sus derechos fundamentales y otra irregularidades”.

“El primer caso es obligación de la PDI poner inmediatamente a la persona, que no tenga los documentos, a la unidad policial, hacer una constatación de identidad, y en base a eso, se debe informar al departamento de extranjería”, señaló el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

La autoridad explicó que “el Departamento de Extranjería debe citar, dentro de un plazo determinado, a la persona que podrá llevar los documentos que no tenía en ese momento en sus manos, y con eso se cierra el caso. Si no es así, se le dan plazos para regularizar su situación migratoria si puede cumplir con las exigencias que la ley establece”.

En segundo lugar, el Gobierno fiscalizará a las empresas para regularizar a las personas extranjeras que esten desempeñando labores en diferentes lugares.

La diputada Andrea Parra, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, cuestionó las fiscalizaciones masivas, acusando que con este procedimiento el Ejecutivo “se excede en sus atribuciones”.

La jefa de bancada de los diputados PPD, agregó que oficiará a la Contraloría y al INDH para que estos organismos “informen sobre la legalidad” de las fiscalizaciones.

La Asociación de Migrantes acusó que esta nueva fiscalización busca criminalizar a los extranjeros que se encuentran de manera regular en nuestro país.

“Se está criminalizando el tema de la migración. No han asmido responsabilidad con el tema de la regularización migratoria. A esta altura, ya faltando más de un año, no han sido capaces de poder dar solución a las 155 mil solicitudes presentadas”, señaló Rodolfo Noriega, vocero de la Coordinadora de Migrantes.

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