Penalista de Concepción y ex defensor público asume defensa de Emiliano Arias

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El abogado penalista de Concepción y ex defensor público, Waldo Ortega, asumirá la representación del fiscal Emiliano Arias, en la causa por tráfico de influencias, entregada por el Ministerio Público al persecutor de Magallanes, Eugenio Campos.

Ortega se excusó de referirse a lo que será la defensa de su amigo, con quien -según antecedentes de Radio Bío Bío- no se ha entrevistado, luego de los antecedentes revelados y que vinculan al fiscal regional de O’Higgins con la supuesta red de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Aún no hay certeza si el trabajo de Ortega abarcará sólo la arista criminal o incluirá también el sumario administrativo, conociéndose sólo que en lo inmediato se estaría afinando una reunión para preparar la inminente declaración de Arias ante el fiscal Campos.

Waldo Ortega, quien en su defensa tendrá la colaboración de la abogada Magdalena Wyss, fue compañero de carrera de Marisa Navarrete, pareja de Emiliano Arias, desempeñándose actualmente el penalista como abogado integrante en la Corte de Apelaciones de Concepción.

Tal como se mencionó, el fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Eugenio Campos Lucero, fue designado para investigar la arista judicial de las acusaciones contra Emiliano Arias.

Así fue resuelto tras el consejo extraordinario de fiscales, abriéndose con esto una causa penal contra el jefe del Ministerio Público en Rancagua.

Campos es quien actualmente investiga el causo de fraude en Carabineros, también conocido como “Pacogate”.

Anteriormente, el fiscal nacional Jorge Abott designó al fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, a cargo del sumario administrativo que se seguirá por las denuncias en contra de Arias. Respecto de esto, Herrera explicó que se trata de investigaciones con presuntas responsabilidades distintas y que no son excluyentes entre sí.

La denuncia contra Arias, encabezada por su subalterno, Sergio Moya, apunta a un eventual tráfico de influencias en el caso Caval, obstrucción a la investigación en la indagatoria contra el ministro de la corte de apelaciones Emilio Elgueta, ocultamiento en la causa de Malversación de Caudales Públicos en el Teatro Regional de Rancagua y violación de secreto por sustracción de información desde la base de datos de la Fiscalía de O’Higgins que llegó a manos de un particular en Puerto Montt.

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