Se acabó el plazo: El mínimo de los edificios de Santiago cumple con la normativa de la Ley de Accesibilidad Universal

Views: 390
El diputado RN, Eduardo Durán, y el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, recorrieron las calles de Santiago centro para dilucidar si los edificios cuentan con la implementación necesaria para el libre acceso de personas con discapacidad, a tres años de la modificación a la Ley de Urbanismo y Construcciones.

Fue en el 2016 cuando se abrió el plazo establecido de tres años para que todos los edificios, tanto privados como estatales, pero que tengan acceso a público, se adecuaran a la publicación del decreto supremo número 50, que modifica la Ley de Urbanismo y Construcciones, y que estipula que toda persona con cualquier tipo de discapacidad pueda ingresar a todos los edificios públicos y privados, así como a los espacios públicos de la ciudad. Sin embargo, pasados los tres años, es escaso el porcentaje de instituciones que ha cumplido la normativa.

Así los constataron el diputado RN, Eduardo Durán, y el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, quienes recorrieron las calles de Santiago Centro, entregando un balance deficiente de su puesta en marcha.

 “Ha cambiado en un aspecto mínimo. Esta mañana, en nuestro recorrido, nos hemos dado cuenta que los edificios no cuentan con la implementación necesaria para que las personas con discapacidad puedan desplazarse en forma plena. Incluso aquí, en el centro de Santiago, donde se encuentran muchos de los edificios más importantes del país”, apuntó el parlamentario de RN.

Por su parte, el fundador de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, entregó más detalles de las deficiencias de los edificios de Santiago en cuanto a esta normativa.

“Aún existen muchos inmuebles de uso público que vulneran el derecho a la autonomía de las personas en situación de discapacidad. Existen edificios a los que estas personas no pueden acceder para realizar sus trámites personales o actividades de ocio. Las rampas no tienen los grados de inclinación necesarios y los edificios no cuentan con piso antideslizante”, precisó Poblete, como algunas de las faltas a la ley.

Riesgo de multas

A pesar del plazo de tres años que han tenido las instituciones para hacer cumplir con la normativa, “existen algunos avances y buenas intenciones, pero la ley se ha cumplido en un porcentaje mínimo”, afirmó Matías Poblete. Tras esto, se refirió a aquellos sectores donde esta ausencia se hace más evidente. “Los edificios públicos han hecho un gran esfuerzo y son los que muestran más avances. Son los edificios privados de uso público, los que más han incumplido la norma, aquellos pertinentes al retail, la banca y servicios”, denunció.

Tanto Durán como Poblete coinciden que el desinterés de las empresas por hacer cumplir la normativa es “difícil de creer”, considerando que, desde el reciente término del plazo establecido, “las entidades arriesgan multas por la falta de acción”.

Por su parte, el legislador de RN recalcó que “la ordenanza general de urbanismo y construcciones ha hecho una reformulación general de la Ley y ha modificado las normas y restricciones para incluir accesos para las personas con discapacidad. Está normado. Lo que falta es que los dueños de los locales y las autoridades implementen estas normas”.

Y segundos después, agregó que “el tiempo de ´hacer un llamado´ ya venció. La norma, una vez publicada, se convierte en una exigencia para los actores correspondientes. Esperamos que dichas autoridades se hagan cargo de su responsabilidad social en esta materia para que logremos la inclusión definitiva de las personas con discapacidad”.

Esperamos que dichas autoridades se hagan cargo de su responsabilidad social en esta materia para que logremos la inclusión definitiva de las personas con discapacidad”, manifestó, por otro lado, Poblete.

Más allá de la ley

Según María Jesús del Solar, arquitecta y especialista en la Ley de Accesibilidad Universal, lo malo de la ley es que solo establece mínimos, porque está pensada para facilitar por ejemplo, con rampas o barandas los espacios para el acceso a público, pero se olvida de tener acondicionada las instalaciones para quienes deben ingresar a estos recintos en calidad de trabajadores, lo que dice, se torna muy necesario, a propósito de la Ley de inclusión Laboral.

“Hay una letra chica que quizás les permite (a los mandantes) hacer un cierto grado de adecuaciones y no el total de ellas. No nos debiésemos quedar en la letra chica, sino que hay que pensar efectivamente en la inclusión si tenemos que incluir laboralmente a las personas”, enfatiza la experta.

Además, aclara que los nuevos edificios tendrán que traer de fábrica las adaptaciones que exige la normativa.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *