Corte de Santiago admite recurso contra L3 de Metro y hoy define suspensión

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Metro de Santiago tiene un plazo de cinco días para enviar un informe a la Corte de Apelaciones de Santiago a raíz de las denuncias.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso de protección de un grupo de vecinos de La Reina por las vibraciones y ruidos molestos que denunciaron por la nueva Línea 3 del Metro.

Hoy además la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino definirá la orden de no innovar que incluye la accion constitucional donde se solicita se suspenda el funcionamiento de la nueva línea de Metro hasta que se subsane los ruidos y vibraciones.

En esta línea, el diputado Humanista, Tomás Hirsch –que ha sido uno de los que ha apoyado los reclamos de los residentes del sector de Fernando Castillo Velasco- aseguró que ve “con buenos ojos” la resolución.

“La Sala de la Corte de Apelaciones ha entendido que aquí estamos ante una grave violación de los derechos para los vecinos de La Reina. El Metro está afectando gravemente la calidad de vida de los vecinos, que si bien están todos contentos con la llegada de este medio de transporte a la comuna, eso no puede ser a costa de su calidad de vida“, señaló el parlamentario.

“Creo que esta admisibilidad es un primer paso, esperamos ahora que la Corte avance con la orden de no innovar que hemos solicitado, de tal modo, que los vecinos no tengan que estar sufriendo con los ruidos, las vibraciones, y otros daños a sus propiedades en el tiempo que requiera Metro para arreglar este problema”, agregó Hirsch.

Fue el propio diputado Hirsch quien junto a los vecinos del sector, presentó esta orden de no innovar -lo que se traduciría en cerrar la Línea 3 en el sector afectado- la que se espera sea vista mañana miércoles por la Justicia.

Además los vecinos de La Reina tampoco descartan presentar una demanda patrimonial en contra de Metro de Santiago y el Ministerio de Transportes, en caso de que se rechace la orden de no innovar.

“Estamos haciendo el análisis de poner una demanda patrimonial en contra del Metro y también del Ministerio de Transportes, porque ellos tuvieron que prever esta situación. Metro es una empresa pública y el Estado tiene que fiscalizar a sus empresas”, señaló la presidenta de la junta de vecinos número seis, Claudia Piracés.

En tanto, Metro de Santiago tiene un plazo de cinco días para enviar un informe a la Corte de Apelaciones de Santiago a raíz de las denuncias.

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