“El tongo de Piñera y los camioneros. Le pidió a presidente de Camioneros (CNTC), Sergio Pérez, extorsionar y presionar al Congreso ejecutando un paro nacional. El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, debe investigar esta conspiración contra la Seguridad Interior del Estado”, afirmó el senador Alejandro Navarro en su cuenta de Twitter.

Navarro recordó que “el dirigente de los camioneros, Juan Araya, denunció que fue el gobierno de Sebastián Piñera quien pidió y propició el paro de transportistas durante el año 2020, a fin de presionar por la aprobación de la Ley Juan Barrios y la Ley de Control de Armas”.

“Este paro creó un clima artificial de inseguridad y desabastecimiento de productos de consumo de la población, en el contexto de la tramitación de iniciativas legislativas, relacionadas con la seguridad en las carreteras y el control de armas”, agregó.

“Y partió con Sergio Pérez, líder de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, cuando el 27 de agosto de aquel año afirmó que iban a estrangular las carreteras, y que solo una semana después, tuvo al camionero Wilton Santelices atropellado en Curicó durante la movilización, provocando su fallecimiento”, añadió el legislador.

Navarro sostuvo que “este paro que desabasteció a Chile, terminó con camioneros haciendo fiestas, asados, alcohol y personas semidesnudas en medio de la carretera, mientras los trabajadores de la salud seguían sin descanso combatiendo la pandemia”.

“Esta paralización, que detuvo al país sin ninguna medida por parte del Gobierno, fue tan grave que el ministro Víctor Pérez tuvo que renunciar tras la acusación constitucional que fue aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas”, aseguró.

“Por ello es que hemos presentado esta denuncia en contra de quienes resulten responsables por las acciones relacionadas con un presunto acuerdo entre dirigentes del transporte terrestre, en este caso camioneros y el actual gobierno, sobre el cual el mismo Fiscal Nacional Jorge Abbott ha señalado que podría haber delito”, detalló el senador.

En la misma línea, precisó que “el Artículo 126 del Código Penal tipifica el delito contra la Seguridad Interior del Estado en relación a quienes profieren expresiones o ejecutan acciones… de arrancarles resoluciones por medio de la fuerza o de ejercer actos de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad… sufrirán la pena de reclusión menor o bien la de confinamiento menor”.

“De esta forma, esperamos que el Fiscal Abbott ordene investigar los hechos a fin de determinar la existencia del eventual delito en contra de la Seguridad Interior del Estado, formalizando y enjuiciando a los responsables por estos hechos, que tuvieron a un país en vilo y desabastecido en medio de la pandemia, mientras ellos participaban en bacanales, todo con el fin de aprobar leyes afines al gobierno de Piñera”, sentenció Navarro.