El Colegio de Matronas y Matrones valoró que en el Congreso Nacional se haya dado inicio a la discusión a dos proyectos destinados a proteger el respeto de la embarazada en trabajo de parto, entre otras acciones relacionadas con la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres, ya que la propuesta legislativa considera la “atención personalizada” de la paciente, lo que no solo significará un cambio paradigmático en la atención en salud, sino que además obligará al Estado a proporcionar más recursos.

“De llegarse a aprobar alguna de estas leyes, claramente en las actuales condiciones sería inaplicable, pues no hay recursos suficientes para cubrir el déficit de matronas y matrones en el sistema público. El Estado deberá cumplir con las indicaciones de la OMS que señala ‘una matrona para cada trabajo de parto’, situación que jamás han considerado las autoridades de salud del sistema público”, explicó la presidenta de la orden gremial, Anita Román.

En este sentido, dijo que, por el contrario, las autoridades sanitarias “han reconvertido todos los hospitales de baja complejidad en centros comunitarios de salud trasladando a las gestantes hasta a 80 kilómetros de distancia, lejos de su familia y su hogar. Una ley de parto respetado deberá proteger ese derecho, el buen trato y el respeto debe ser un derecho de todas las personas y no solo de las que puedan pagar. Se deberán incluso revisar los actuales programas y normativas para incorporar los aspectos psicosociales a las actuales, ya que las existentes están basadas sólo en un modelo biomédico”.

No obstante, hay aspectos en la discusión de la ley que alertan al gremio a nivel nacional. “Se ha dicho que una parte la matronería no está de acuerdo con el proyecto, eso no es verdad. Nadie de nuestras asociadas y asociados pensaría en estar en desacuerdo con el parto respetado, y es más, fue nuestro gremio el primero en organizar un congreso de parto respetado en el año 2011, evento que contó entre sus conferencistas con la presencia del padre del parto humanizado, Michel Odent”, aclaró la dirigenta.

“Lo que hoy nos ocupa y nos alegra es que se hable de una Ley que proteja el Parto Respetado, y que no solo se hable de violencia obstétrica porque se invisibiliza otras violencias que afectan a las mujeres en el sistema de salud. ¿Cuántas mujeres hoy mueren de cáncer porque no se hicieron a tiempo un PAP o un examen de mama? ¿Eso no es violento también? La salud sexual y la salud reproductiva son el pariente pobre del sistema y sus derechos postergados e incumplidos”, puntualizó Román.

Al respecto, recalcó que “por esa razón apoyamos, desde su ingreso, el proyecto de ley que elimina todo tipo de violencia hacia la mujer; proyecto que lleva cuatro años en trámite y actualmente está en el Senado. Probablemente la demora de promulgar una ley integral que elimine todo tipo de violencia hacia la mujer, incluyendo la que se ejerce la salud, es lo que ha impulsado a diputadas y senadoras al ingreso de proyectos parcelados”.

“Si ese es el modo que pueden usar las legisladoras para avanzar en respeto en la atención en salud, partiendo por la gineco obstétrica, obviamente este gremio se pone a disposición para el debate y apoyo a la iniciativa”, dijo Anita Román, añadiendo que “felicitamos a que haya una bancada de diputadas dispuestas a avanzar en el tema, y que la Comisión de la Mujer y Género de la Cámara haya ingresado el proyecto a tramitación, pero hay aspectos del proyecto de ley que nos parecen pueden entorpecer su aplicación, por lo que nos gustaría ser escuchadas por el Congreso”.