Comisión de DD.HH. del Senado analizó los 100 días del estallido social

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Con miras a un marzo “convulsionado”, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por el senador progresista, Alejandro Navarro, sesionó esta tarde en una instancia que reunió a diversos actores relacionados a la crisis social.

Sin embargo, y pese a que estuvieron invitados, ni el Ministro del Interior, ni Carabineros, ni Policía de Investigaciones acudieron a la comisión, recibiendo críticas de quienes sí participaron en la jornada.

En ese sentido, el presidente de la instancia, Alejandro Navarro, manifestó que “esperábamos que el ministro Blumel diera una señal concreta a las víctimas en la antesala de un marzo movilizado. Perdió una importante oportunidad para dar cuenta sobre cómo el gobierno prepara el inicio del año escolar en medio de la crisis político social que atraviesa el país, y para saber cómo este gobierno y Carabineros pretende resguardar los derechos humanos de quienes legítimamente y en paz, saldrán a protestar por sus derechos”.

Asimismo, la senadora PPD, Adriana Muñoz, también cuestionó la ausencia del Ministro del Interior, Gonzalo Blumel. “Lamento la ausencia de importantes personas, autoridades, e instituciones con las cuales queremos conversar, queremos abrir un canal de diálogo sobre un tema tan central como lo que está sucediendo en nuestro país desde el 18 de octubre en relación a la vulneración de derechos humanos”, dijo la parlamentaria.

Quien sí estuvo presente fue el Ministerio de la Mujer, quien a través del subsecretario Felipe Muñoz, mostró que desde la institución “se mantuvo coordinación desde el primer día con el Ministerio del Interior y con el INDH, con el propósito de poner a disposición los equipos profesionales y dispositivos programáticos del SERNAMEG, con el objetivo de monitorear, hacer seguimiento, poner a disposición los distintos instrumentos y herramientas que tiene la institución”.

En tanto, director del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, expuso que “es fundamental que el Estado dé cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales, porque actualmente si bien bajaron el número de heridos por balines, subió la cantidad de personas con impacto de lacrimógenas en la cara”.

Por su parte, el vicepresidente del gremio, Patricio Meza, añadió que “el nivel de autonomía de carabineros es asombroso. Tenemos que creer en la buena fe del director Mario Rozas, sin tener la capacidad efectiva para la fiscalización de las funciones policiales”.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos junto con señalar que las vulneraciones a los DDHH ocurridas en el marco del estallido social, “son las más graves, persistentes y numerosas desde el regreso a la democracia”, el director jurídico de la institución, Rodrigo Bustos, indicó que el instituto ha participado de 293 manifestaciones públicas, donde evidenciaron “múltiples casos de violación a los DD.HH. e incumplimiento de protocolos por parte de Carabineros, siendo lo que más se repite las detenciones ilegales, el uso desproporcionado de la fuerza, el uso de sustancias lacrimógenas y perdigones lanzadas directamente al cuerpo de las personas”, que dejan a la fecha un saldo de 2.063 personas impactadas, de ellas 1.264 heridas por uso de perdigones.

Asimismo, el INDH constató tras visitas a cárceles en el país, que existen más de 9mil personas detenidas, y denunciaron persecución policial a defensores de DD.HH. durante manifestaciones, así como también el impedimento o dificultad para acceder a los vehículos policiales, insultos por parte de funcionarios , y carabineros grabando con teléfonos personales de forma intimidante a funcionarios de derechos humanos.

Lentitud de procedimientos y caso de Fabiola Campillai

Finalmente, la comisión de la Cámara Alta recibió a los familiares de Fabiola Campillai, quien sufrió un impacto de lacrimógena directo en su rostro y que le produjo la pérdida de la vista, del olfato y del gusto.

Ante esto, la abogada Gabriela Calderón denunció que el parte policial del caso es “equívoco, pues señala que habían 50 personas encapuchadas cuando se produjo el disparo, cosa que nunca sucedió. Existe una denuncia liderada por el INDH y una querella efectuada por la hermana de Fabiola, sin embargo, la carpeta no está avanzando como debería, teniendo súper presente que hay múltiples datos del día 26 de noviembre”.

En ese sentido, el director jurídico del INDH, Rodrigo Bustos, criticó la lentitud de los procedimientos judiciales para encontrar a responsables de las violaciones a los DDHH en el marco del estallido social, argumentando que solo el organismo ha presentado a la fecha 1.118 acciones judiciales de las cuales apenas 16 causas han tenido formalización.

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