Despachan a la Cámara proyecto que beneficiará a estudiantes de primeros deciles

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Por mayoría (29 votos a favor y 8 en contra), el Senado despachó a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad y que según sentenció el ministro (S) de Educación, Raúl Figueroa, tendría a 26 mil jóvenes beneficiarios que están en el séptimo decil en institutos profesionales y CFT.

En concreto, dispone que los estudiantes que provengan de hogares cuya condición socioeconómica pertenezca a los siete primeros deciles de menores ingresos de la población del país, podrán cursar de manera gratuita, aquellas carreras y programas de estudios conducentes a los títulos de técnico de nivel superior o títulos profesionales, impartidos por Centros de Formación Técnica o Institutos Profesionales, así como aquellas carreras y programas de estudios, impartidos por universidades conducentes a títulos de técnico de nivel superior o títulos profesionales que no otorguen grado académico de licenciado, adscritos al Financiamiento Institucional para la Gratuidad, conforme a la obligación establecida en la ley sobre Educación Superior.

Las diferencias, según se explicó durante el debate, están relacionadas al cronograma propuesto para la gratuidad, que comenzaba en 2019 y que fue suprimido. Con esto, según argumentó la senadora Ena Von Baer, “la ley aumenta su costo y se está borrando por una iniciativa parlamentaria, por lo que es inadmisible. (…) Uno podría decir que dado que como esto es para el 2019, ya no tiene efecto, pero en el contexto en el que estamos -en la que muchas votaciones están siendo inadmisibles- creo que es relevante plantear que es inadmisible y se tendrá que solucionarse en la Cámara”.

El senador Juan Ignacio Latorre detalló los alcances del proyecto que tiene por objeto establecer un trato más equitativo en los planes y políticas relativos a la educación superior, en atención a que existe una postergación de la formación técnico profesional en comparación con la universitaria, en particular en materia de distribución del financiamiento fiscal destinado a la educación superior, en un momento en el cual los jóvenes, provenientes en su gran mayoría de las familias con menos recursos y también de la clase media, están optando cada vez más por los CFT e IP.

A su turno, el senador José García Ruminot destacó que el proyecto busca incorporar a los CFT e institutos profesionales a la gratuidad, “es decir, es un avance a la gratuidades en la educación superior. La única diferencia es que el Ejecutivo presentó una indicación para que -por razones de caja fiscal- los estudiantes de las universidades que cursan carreras técnicas pudieran tener gradualidad distinta”, explicó.

Dando un pormenorizado cronograma del estudio de la ley, la senadora Yasna Provoste criticó que el Ejecutivo no cumpliera con su palabra empeñada y no le ponga la discusión que requería el texto legal, en su oportunidad. “Nuevamente venía con trampa (…) y los nuevos beneficiarios recibirían el beneficio tres años después de aprobada la ley. (…) Esperamos que lo sucedido en el país haga reflexionar al gobierno y no seguir con la mala práctica de no debatir, no convencer e ir por su tercera cámara que es el Tribunal Constitucional”, reclamó.

Luego, el senador Manuel José Ossandón constató que el mensaje es de gran importancia y “avanza en gratuidad de forma responsable. Es un acto de justicia social y ha sido y será el mayor motor de movilidad social y superación de la pobreza”. El legislador, además, agradeció el compromiso del Presidente de la República por “haber cambiado su programa y haber impulsado este proyecto”.

Para el senador Alejandro Navarro es fundamental avanzar en estas materias. “Los títulos conducen a profesiones que no necesariamente tienen grado académicos, pero son éstos los que poseen mayor oferta laboral. Las profesiones tradicionales deben seguir siendo financiadas, pero Chile requiere de técnicos profesionales, financiados con gratuidad. (…) La inversión en educación debe seguir creciendo”, manifestó.

Por último, el senador Francisco Chahuán precisó que “hemos conversado con el subecretario y este tema (cronograma) deberá corregirse en la Cámara”, al tiempo de valorar la medida que “busca penetrar en el corazón de entender que la educación es un derecho”.

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